En un país donde la necesidad de vivienda digna es un tema crucial, la gestión de este sector debe estar en manos de personas capaces, transparentes y comprometidas con el bienestar social. Sin embargo, la designación de cargos clave en el ámbito de la vivienda parece responder más a redes de poder familiar que a méritos y capacidades.
Rodrigo Chávez Contreras, actual director del Conavi a nivel nacional, ya cuenta con un historial controvertido como titular del Instituto de Vivienda (INVI) durante el último gobierno de la Ciudad de México. Su gestión fue señalada por diversas irregularidades y acusaciones de corrupción que quedaron en la sombra de la impunidad. Ahora, bajo su dirección, el panorama de la vivienda a nivel federal queda bajo la lupa.
Por otro lado, su hermana, Guadalupe Chávez Contreras, exdiputada local, ha sido nombrada recientemente como coordinadora general de Unidades Habitacionales de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, bajo el gobierno de Clara Brugada. Este nombramiento genera cuestionamientos, no solo por la aparente concentración de poder en una misma familia, sino por los antecedentes de presuntas prácticas corruptas que han acompañado a ambos hermanos en sus trayectorias.
El caso de los Chávez Contreras es emblemático de un problema mayor: la politización y privatización de los recursos públicos para fines personales o familiares. La vivienda, un derecho humano fundamental, se convierte en un botín para quienes utilizan el poder público para su beneficio privado, dejando a millones de mexicanos en el olvido.
